La movilidad en Tijuana es un fenómeno que en los últimos cinco años ha cobrado un importante protagonismo. Hoy día, es un tema en el imaginario de los ciudadanos como lo es la seguridad pública. No obstante esta preocupación, dicho imaginario colectivo se concentra en dos problemáticas esenciales: la congestión vial que sufren los usuarios de vehículos, y la calidad del servicio del transporte público. Mientras ésta es la apreciación generalizada localmente, a nivel mundial el paradigma de la movilidad ha cambiado para enfocar los esfuerzos de manera prioritaria a la modalidad peatonal, en segunda instancia al transporte no motorizado y en tercer lugar al desarrollo de una buena oferta de transporte público.
Este Plan tiene como principal motivación implementar las medidas que sean necesarias para alcanzar una movilidad sustentable para los habitantes de Tijuana, así como las mercancías en la ciudad (en el caso del transporte de carga). Se trata de una herramienta para la toma de decisiones por parte de las autoridades, desarrolladores, asociaciones de la sociedad civil, académicos, empresas transportistas y población en general con la finalidad de mantener una misma visión de los proyectos.
Desde el ámbito jurídico, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano obliga a buscar métodos más eficaces de garantizar el derecho a la ciudad, donde la movilidad y el espacio público juegan un papel predominante. En 2013, se publica la Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sustentable, de la cual se desprende la iniciativa para promover ciudades más equitativas e incluyentes.
Mientras en la Zona Metropolitana de Tijuana se presenta un patrón de desarrollo disperso, de baja densidad y sin usos de suelo mixtos, donde se obliga a los ciudadanos a vivir menos la ciudad, a recorrer distancias más largas, a utilizar el automóvil y a caminar menos, el caso específico para el municipio de Tijuana no es muy diferente, encontrándose ahí las problemáticas más agudas.
Es entonces imperante considerar a la movilidad urbana no en función de mover automóviles sino como un medio para lograr que las personas gocen de acceso a bienes y servicios. Esto da como resultado natural priorizar a peatones, ciclistas y al transporte público dentro de las políticas públicas. La segunda cuestión, implica la implementación de soluciones, que involucran establecer un plan de movilidad con un enfoque sustentable y participativo.
