Programa Parcial de Desarrollo Urbano Valle de las Palmas (PPDU VP)

En la actualidad Tijuana cuenta con más de un millón de habitantes y presenta un alto grado de crecimiento urbano y dispersión demográfica. Durante los últimos años su crecimiento ha pasado de 10,300 hectáreas en 1984 a 20,400 hectáreas en 1995, a este ritmo de crecimiento es probable que la población se duplique en los próximos 20 años, aumentando los problemas de polarización económica y social; la migración y la dispersión demográfica de que es objeto genera una demanda de suelo urbano que, bajo esta tendencia, requerirá de 21,772.96 hectáreas del desarrollo se concentrará en áreas de la periferia urbana, donde no existe infraestructura y las oportunidades de desarrollo económico son muy limitadas.

Por otro lado, las tendencias de ocupación del suelo generan una dinámica de atención muy compleja dentro del proceso de desarrollo urbano acelerando los procesos de conurbación y metropolización se encuentran los problemas de dotación de infraestructura básica y de servicios públicos adecuados, que han frenado la atracción de nuevas fuentes de inversión y desarrollo económico hacia la ciudad; razón por la cual, las proyecciones de crecimiento y la demanda creciente de inversiones hace necesaria la apertura de nuevas áreas de oportunidad dotadas con infraestructura, servicios y equipamiento urbano, tanto de tipo regional y como de tipo central. En este sentido, el sector privado juega un papel clave en el desarrollo de las potencialidades económicas, sociales y ambientales, que provoque el desarrollo de esquemas con mayor valor agregado y menor impacto ambiental.

La elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para Valle Las Palmas en el Centro de Población de Tijuana 2008-2030 (PPDU-VLP), busca ser una alternativa para el futuro crecimiento de la ciudad, que permita habilitar áreas para el desarrollo urbano e incrementar la oferta diversificada de vivienda, incorporando el equipamiento urbano requerido de manera planificada y abatiendo costos en la introducción de infraestructura y de los servicios públicos.